Favorecer a una empresa con un contrato sin someterlo a licitación pública fue la exigencia que Lirio Guadalupe Suárez Améndola aseguró haber rechazado y que, según su testimonio, desencadenó las presiones que terminaron con su destitución como presidenta del Instituto Electoral del Estado de Campeche (IEEC).
La exfuncionaria relató que personas que se identificaron como consultores del Instituto Nacional Electoral (INE) la llevaron a una vivienda en el sur de Ciudad de México para presentarle a una compañía y proponerle una relación de colaboración. Su respuesta fue que, por el monto involucrado, la contratación debía realizarse mediante una licitación nacional.
Después de negarse, aseguró que recibió llamadas para reconsiderar su postura y advertencias sobre el inicio de un procedimiento de remoción. Incluso, afirmó que le presentaron dos posibles resoluciones, una para mantenerla en el cargo y otra para destituirla, y le dijeron que ella podía decidir cuál se aplicaría.
Suárez Améndola también denunció actos de intimidación durante su gestión, entre ellos la exhibición de una corona fúnebre por parte de otro consejero durante una sesión solemne del organismo electoral, hecho que relacionó con el procedimiento iniciado en su contra.
La destitución se sustentó oficialmente en dos señalamientos administrativos: un presunto conflicto de interés por la contratación de una psicóloga y una supuesta invasión de atribuciones del Congreso local al designar a una persona encargada del Órgano Interno de Control. La exconsejera rechazó ambas acusaciones y sostuvo que fueron utilizadas para justificar su salida.
Aunque aseguró que intentó denunciar las presiones, reconoció que no contaba con pruebas documentales para acreditarlas. También aclaró que no atribuyó directamente a Guadalupe Taddei, entonces presidenta del INE, una orden para favorecer a la empresa. Sus señalamientos requieren contrastarse con los expedientes y las versiones de las personas involucradas.
