La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó probables daños a la Hacienda Pública Federal por 39 millones 104 mil 37.07 pesos en el ejercicio de recursos federales del Gobierno de Campeche durante 2025, principalmente en fondos destinados a educación y salud.
A la par de las observaciones, la fiscalización reportó que la administración estatal devolvió 24 millones 691 mil 566.71 pesos a la Federación. Los resultados forman parte de la segunda entrega de los Informes Individuales de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2025.
El mayor monto observado corresponde al Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), con 18 millones 767 mil 93.39 pesos, debido a que el estado no presentó documentación comprobatoria y justificativa que respaldara el destino de esos recursos.
En segundo lugar se encuentra el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE), con probables daños por 16 millones 721 mil 609.96 pesos. En este caso, la ASF encontró pagos por servicios cuya prestación no pudo ser acreditada ante la autoridad fiscalizadora.
El sector salud también presentó irregularidades por 3 millones 615 mil 333.72 pesos, correspondientes a la compra de uniformes cuya entrega al personal no fue comprobada, pese a que se utilizaron recursos federales para su adquisición.
Adicionalmente, en el Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos se detectaron diferencias entre los montos reportados y los efectivamente pagados, aunque la auditoría no estableció una cantidad específica como probable daño para esta observación.
Respecto al dinero devuelto a la Federación, 21 millones 442 mil 42.20 pesos correspondieron a recursos destinados a salud. Otros 2 millones 392 mil 211.53 pesos provinieron del fondo para educación tecnológica y de adultos, mientras que el FONE registró reintegros por 572 mil 319.01 pesos y el FAM por 284 mil 993.97 pesos.
Las observaciones de la ASF ponen en evidencia deficiencias en la comprobación del gasto estatal, desde recursos sin respaldo documental hasta servicios pagados sin acreditar y bienes adquiridos cuya distribución no pudo demostrarse. Estos resultados deberán seguir el proceso de aclaración y solventación correspondiente.
