La difusión no autorizada de fotografías, videos y evidencias relacionadas con víctimas de delitos podría recibir sanciones más severas en Campeche, de acuerdo con una iniciativa que plantea modificar el Código Penal estatal para castigar el uso indebido de información bajo resguardo de las autoridades.
La propuesta fue promovida por la diputada de Morena, Ena América García García, y presentada ante el Pleno del Congreso mediante la lectura de una iniciativa para reformar el artículo 307 Bis de dicho ordenamiento.
El proyecto contempla penas de cuatro a diez años de prisión para las personas servidoras públicas que filtren, publiquen, compartan o comercialicen material obtenido mediante su acceso a investigaciones penales. Asimismo, plantea incrementar hasta en una tercera parte las sanciones cuando la difusión busque afectar la dignidad de las víctimas o sus familiares, o involucre a mujeres, niñas, niños, adolescentes y personas de la comunidad LGBTTTIQ+.
También se consideran circunstancias agravantes la exposición de información relacionada con las condiciones de muerte, lesiones o estado de salud de las víctimas.
El planteamiento tiene como antecedente la denominada Ley Ingrid, surgida tras el feminicidio de Ingrid Escamilla en 2020, luego de que imágenes de su cuerpo fueran filtradas y difundidas públicamente. Este caso impulsó cambios legales para sancionar la exposición indebida de material relacionado con víctimas de violencia.
La iniciativa también busca establecer límites claros entre las filtraciones cometidas por funcionarios que tienen la obligación de resguardar información y el ejercicio legítimo de la libertad de expresión y el trabajo periodístico, a fin de evitar que las sanciones se utilicen para restringir el derecho a informar.
La propuesta recibió la adhesión de legisladores de Morena, Movimiento Ciudadano, PRI, PT, PAN y Partido Verde Ecologista de México, con lo que distintas fuerzas políticas representadas en el Congreso estatal se sumaron al planteamiento.
