Más de 400 millones de pesos del ejercicio fiscal 2021 no justificaron el Gobierno del Estado y los 13 ayuntamientos, confirmó el auditor superior del Estado de Campeche (Asecam), Javier Hernández Hernández, al advertir que si en máximo 30 días no solventan estas irregularidades y aclaran el uso de recursos, iniciará la integración de carpetas de investigación para deslindar responsabilidades.
Tras revelar que entregó al Congreso del Estado el tercer y último paquete de informes de las cuentas públicas del Estado y los Municipios del año pasado, precisó que entre las anomalías detectadas destaca la licitación y asignación no justificada de contratos, es decir, carecen de los documentos correspondientes, y recalcó que hay plazo para subsanar y cumplir en tiempo y forma.
El último paquete incluye 14 informes individuales, tres de la Comuna campechana pendientes y 11 del Gobierno Estatal, que abarcan las secretarías de Turismo (Sectur) y de Desarrollo Territorial, Urbano y Obras Públicas (Sedetuop), y otras dependencias descentralizadas, y adelantó que el próximo año iniciará la fiscalización de los recursos ejercidos exclusivamente por la actual gobernadora y alcaldes.
Las observaciones a la Sedetuop —abundó Hernández Hernández—, son exclusivamente por la Ciudad Administrativa, hoy llamada Ciudad Segura, pues hubo diversos contratos no concluidos, a pesar de que fueron pagados en su totalidad, y corresponden al 40 o 50 por ciento de las irregularidades halladas en las cuentas estatales.
Los entes fiscalizados tienen hasta el 19 de enero de 2023 para justificar el ejercicio de más de 400 millones de pesos, y en los 120 días siguientes la Asecam corroborará la información, para entregar el dictamen final al Poder Legislativo, y éste a su vez parte a la Secretaría de la Contraloría (Secont) o a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado (Feccecam), para que en el ejercicio de sus facultades inicien el procedimiento sancionador.
Hernández Hernández expuso que a diferencia de años anteriores, los informes fueron entregados con un año de anticipación, cerrando la brecha actual de dos años, con lo cual la comisión fiscalizadora del Congreso del Estado podrá dictaminar a más tardar en marzo próximo.
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