A más de dos años del operativo realizado en el reclusorio de San Francisco Kobén, el Gobierno de Campeche anunció que cumplirá las medidas cautelares emitidas por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche (Codhecam) y atenderá las observaciones relacionadas con los hechos ocurridos en marzo de 2024.
El secretario de Gobierno, Víctor Sarmiento Maldonado, señaló que se trabajará en la reparación de los daños y que, de ser necesario, se analizará la reincorporación laboral de los elementos que así lo requieran, sin presiones ni represalias.
El funcionario sostuvo que las autoridades deben asumir las recomendaciones de la Comisión cuando se determine que hubo una actuación incorrecta y garantizar su cumplimiento.
Por separado, el diputado panista Jhosué Rodríguez Golib consideró que el resolutivo abre la posibilidad de atender a los policías afectados, algunos de los cuales, afirmó, permanecen sin empleo y en ciertos casos no recibieron liquidación tras su despido.
El legislador planteó establecer un diálogo entre los ex policías y las autoridades para buscar un acuerdo que permita resolver el conflicto que se mantiene desde las protestas posteriores al operativo.
El Gobierno estatal, sin embargo, mantiene su postura respecto a las bajas de los elementos que participaron en las manifestaciones. El consejero jurídico, Adrián Serrano Barrientos, afirmó que los despidos no fueron consecuencia de las protestas, sino de que los agentes dejaron de acudir a sus labores durante casi cuatro meses.
Con las medidas emitidas por la Codhecam, las autoridades deberán atender las disposiciones relacionadas con el operativo y las posibles afectaciones derivadas del caso.
