Niñas, niños y adolescentes que participen como víctimas o testigos en procesos judiciales contarán con mayores garantías para evitar que vuelvan a enfrentar situaciones que profundicen el daño emocional, luego de que el Congreso de Campeche aprobó modificaciones a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Las reformas establecen que las autoridades deberán aplicar los principios de mínima intervención y no revictimización, con el propósito de reducir la exposición de los menores a declaraciones reiteradas, diligencias prolongadas o procedimientos que puedan afectar su bienestar durante el desarrollo de un juicio.
Además de fortalecer las medidas de protección en el ámbito judicial, los cambios amplían el catálogo de derechos de la infancia y adolescencia al incorporar el acceso a una vivienda digna y reforzar el derecho a vivir en entornos libres de violencia. También plantean impulsar la cultura de la denuncia desde edades tempranas y establecer acciones para prevenir la discriminación que enfrentan niñas y adolescentes en situación de maternidad.
El dictamen aprobado señala que el embarazo a temprana edad suele traducirse en rezago educativo, exclusión social y menores oportunidades de desarrollo, por lo que contempla campañas permanentes de sensibilización dirigidas a evitar prácticas discriminatorias y favorecer la permanencia escolar de este sector de la población.
La iniciativa, presentada por la diputada del PT, Abigaíl Gutiérrez Morales, recibió el respaldo unánime de todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso. Entre las modificaciones se incluyen adiciones y reformas a diversos artículos de la legislación vigente para ampliar las obligaciones de las autoridades en la protección de los derechos de la niñez y la adolescencia.
Durante la misma sesión legislativa, el Pleno también avaló solicitar información a la Fiscalía General del Estado, al Poder Judicial y a la Comisión de Derechos Humanos del Estado sobre las actuaciones realizadas en torno al caso de la activista Yahari Brito Brito, con el objetivo de conocer el estado del proceso y las medidas implementadas para garantizar el respeto a sus derechos humanos y al debido proceso.
