La posibilidad de que el Poder Judicial embargue cuentas bancarias del Ayuntamiento de Campeche por el incumplimiento de laudos laborales abre un nuevo frente para las finanzas municipales, al poner en riesgo recursos destinados a servicios públicos, adquisición de insumos y ejecución de obra.
El escenario deriva de una deuda que supera los 92 millones de pesos y de alrededor de 60 juicios laborales que permanecen activos. De acuerdo con el abogado laboralista Gabriel Abarca Villamonte, una vez que un laudo queda firme, los trabajadores pueden exigir su cumplimiento mediante el embargo de recursos municipales.
El especialista explicó que la protección constitucional únicamente alcanza al presupuesto destinado al pago de salarios y prestaciones. En cambio, las partidas utilizadas para bienes, servicios, equipamiento y obra pública sí pueden ser intervenidas para garantizar el pago de las condenas laborales.
Atribuyó el crecimiento del pasivo a despidos que, en muchos casos, no se ajustan al marco legal y a litigios que permanecen abiertos durante años. En Campeche, recordó, la legislación no establece un límite para el pago de salarios caídos, por lo que las indemnizaciones continúan incrementándose mientras los procesos siguen su curso.
A diferencia de otras entidades que ya reformaron su legislación laboral burocrática para contener este tipo de pasivos, Campeche mantiene un esquema que permite que algunos juicios se prolonguen hasta 15 años, elevando el costo para las finanzas municipales.
Ante este panorama, Abarca Villamonte consideró necesario revisar cada expediente para buscar soluciones que reduzcan el impacto económico, mediante convenios, reinstalaciones o estrategias jurídicas, y advirtió que, aunque un Ayuntamiento no puede declararse en quiebra, sí puede ver comprometida su capacidad para operar y atender a la población.
