Una denuncia por presunto tráfico de influencias fue presentada ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Campeche contra la gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, y su sobrino Gerardo Sánchez Sansores, en un caso que busca esclarecer posibles intervenciones indebidas dentro de la administración estatal.
El recurso legal fue promovido por el abogado Félix Enrique Sellen Villanueva, quien acudió a la Fiscalía Anticorrupción para solicitar una investigación formal sobre diversas declaraciones públicas realizadas por Gerardo Sánchez Sansores, mismas que, a su juicio, podrían constituir indicios de una actuación irregular vinculada al ejercicio del poder público.
De acuerdo con el denunciante, el señalado habría reconocido públicamente actividades de gestión ante particulares, dependencias gubernamentales y otros actores relacionados con asuntos de gobierno, pese a no ocupar un cargo que le otorgara facultades para intervenir en ese tipo de procedimientos.
Sellen Villanueva sostuvo que corresponde a las autoridades determinar si dichas acciones derivaron en beneficios, ventajas o decisiones influenciadas desde el entorno del poder estatal. Indicó que los hechos han sido expuestos de manera pública, por lo que consideró necesario que sean revisados por las instancias competentes.
La querella también alcanza a la mandataria estatal debido a la posible relación de los hechos con la estructura gubernamental encabezada por Sansores San Román. Será la Fiscalía Anticorrupción la encargada de establecer si existen elementos suficientes para iniciar una investigación y, en su caso, deslindar responsabilidades.
El abogado afirmó que dará seguimiento al procedimiento legal hasta conocer la determinación de la autoridad ministerial. Asimismo, advirtió que recurrirá a los mecanismos jurídicos disponibles si considera que existen omisiones en la integración o atención del expediente.
La denuncia surge además en un contexto político marcado por la creciente exposición pública de Gerardo Sánchez Sansores, a quien diversos actores han señalado como una figura con influencia dentro de la administración campechana. El caso quedará ahora en manos de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, que deberá resolver la procedencia de las indagatorias.
