Siete años más de espera para recibir pagos de Petróleos Mexicanos (Pemex) podrían derivar en el cierre de decenas de empresas proveedoras en Campeche, advirtieron representantes del sector petrolero tras la propuesta de la paraestatal de aplazar hasta 2033 la liquidación de gran parte de su deuda.
La medida contempla diferir el pago del 67 por ciento de los adeudos pendientes luego de la llegada del nuevo director de Pemex, Juan Carlos Carpio Fragozo. Empresarios señalaron que las micro, pequeñas y medianas compañías atraviesan una situación financiera crítica y no tienen capacidad para sostener operaciones durante un periodo tan prolongado.
El presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Ciudad del Carmen, Encarnación Cajún Úc, sostuvo que muchas firmas locales dependen de esos recursos para cubrir salarios, mantener contratos y evitar la quiebra, por lo que calificó la propuesta como un golpe severo para la economía campechana.
Indicó que la incertidumbre financiera ya afecta no solo a empresas proveedoras directas de Pemex, sino también a comercios y prestadores de servicios vinculados con la actividad petrolera, principal motor económico de Ciudad del Carmen y otras zonas del estado.
Ante este panorama, empresarios llamaron a la clase política de Campeche a intervenir y solicitar a Pemex que reconsidere el esquema de pagos. Recordaron que en años anteriores la presión conjunta de distintos sectores permitió obtener respuestas favorables para la entidad.
A la preocupación económica se sumaron alertas sobre el estado de la infraestructura petrolera. Jacqueline May Díaz, vocera de Desarrollo y Medio Ambiente A.C., advirtió que Pemex ha privilegiado la producción sobre el mantenimiento de instalaciones, aumentando el riesgo de fugas, derrames y accidentes en la Sonda de Campeche.
La activista señaló que la falta de inversión en mantenimiento representa un riesgo ambiental y también para miles de trabajadores que laboran en plataformas y ductos, por lo que urgió a reforzar las medidas preventivas y destinar mayores recursos a la rehabilitación de infraestructura crítica.
