La crisis económica del gobierno de Campeche volvió a quedar expuesta luego de que la gobernadora Layda Sansores reconociera públicamente que la administración estatal atraviesa un momento de falta de liquidez que ya afecta incluso el funcionamiento cotidiano de las dependencias oficiales.
Frente a trabajadores del estado, la mandataria señaló que los recursos disponibles son insuficientes para cubrir algunos compromisos inmediatos, entre ellos el pago del servicio eléctrico de edificios públicos, un escenario que describió como una de las etapas más complicadas para las finanzas estatales desde el inicio de su gestión.
Sansores advirtió que, de mantenerse esa condición en el siguiente periodo de facturación, su gobierno no buscará ampliar plazos ni contratar nuevos apoyos para solventar el adeudo, por lo que no descartó detener actividades en oficinas gubernamentales para exhibir públicamente el impacto de la falta de recursos.
La gobernadora volvió a responsabilizar de este panorama a la reducción de participaciones federales que recibe Campeche, así como al esquema de distribución contemplado en la Ley de Coordinación Fiscal, el cual ha cuestionado en distintas ocasiones por considerar que perjudica a entidades que históricamente aportaron ingresos petroleros al país.
El señalamiento ocurre después de que el Congreso del estado autorizó la contratación de un crédito por mil millones de pesos destinado a obras y proyectos de inversión. A pesar de ello, la administración estatal no ha informado de manera puntual si ese financiamiento ya comenzó a utilizarse para atender parte de la presión presupuestal.
Aunque insistió en que su gobierno mantendrá sus responsabilidades, las declaraciones de la mandataria abrieron nuevamente la discusión sobre la estabilidad financiera de Campeche, en un momento en que distintos sectores observan con preocupación la capacidad del estado para sostener servicios básicos y operación institucional.
