En medio de cuestionamientos sobre el manejo de recursos públicos, el Congreso del Estado de Campeche dio luz verde a una reforma constitucional en materia electoral y administrativa enviada por la Cámara de Diputados federal, con ajustes que impactan la integración de ayuntamientos, el gasto legislativo y las condiciones de autoridades electorales.
Entre los cambios centrales, la modificación constitucional establece que los congresos locales deberán sujetarse a un límite presupuestal, al no poder ejercer más del 0.7 por ciento del gasto estatal, con incrementos únicamente ligados a la inflación. La medida busca contener el crecimiento del gasto legislativo y reforzar criterios de disciplina financiera.
Otro de los ejes de la reforma es la reorganización de los ayuntamientos. A partir de estos cambios, los cabildos tendrán un número máximo de integrantes, con el objetivo de reducir estructuras consideradas costosas. La disposición mantiene la posibilidad de que municipios con menor número de autoridades conserven su integración actual.
En paralelo, se incluyen nuevas reglas para las autoridades electorales, cuyos salarios y prestaciones deberán ajustarse estrictamente a lo que marca la ley, sin beneficios adicionales. También se establece que los recursos que se generen como ahorro deberán destinarse a obras y servicios municipales, principalmente en rubros como infraestructura y agua potable.
La discusión en el pleno estuvo marcada por señalamientos sobre el uso de recursos en el propio Congreso. Legisladores expusieron gastos en áreas como asesorías y comunicación social, lo que derivó en intercambios de acusaciones entre bancadas respecto a prácticas repetidas en distintas legislaturas.
En este contexto, la iniciativa promovida a nivel nacional por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo generó posturas encontradas. Mientras Morena respaldó el proyecto como un mecanismo de austeridad, el PRI cuestionó la falta de claridad sobre el destino de recortes previos y advirtió posibles inconsistencias en su aplicación.
Finalmente, la reforma incorpora disposiciones para garantizar la paridad de género en el acceso a cargos públicos y establece medidas para prevenir el nepotismo, como parte de los ajustes al marco institucional que deberán replicarse en las entidades.
