El reciente resultado positivo de una prueba de ADN en un caso que involucra al alcalde de Escárcega, Juan Carlos Hernández Rath, puso en el centro del debate los mecanismos legales que permiten prolongar disputas relacionadas con derechos de la niñez, señaló el colectivo Ley Sabina Campeche.
De acuerdo con su fundadora, Aremi Gazca, el procedimiento no avanzó de forma inmediata debido a una cadena de recursos interpuestos que aplazaron por meses la resolución del caso, lo que obligó a mantener presión constante para que se cumpliera con la prueba pericial.
La activista explicó que el proceso estuvo marcado por acciones legales que frenaron su curso, entre ellas diversas apelaciones y amparos, lo que evidenció obstáculos en el sistema para resolver con prontitud asuntos vinculados con la identidad y las obligaciones parentales.
Tras conocerse el resultado, la organización planteó que corresponde ahora dar paso a la resolución judicial, esperando que no se presenten nuevos recursos que extiendan el proceso y que se cumplan las determinaciones legales en materia de manutención.
El colectivo también informó que continuará monitoreando el caso, al considerar que su desenlace puede sentar bases para otros procesos similares, en los que, aseguran, existen prácticas que retrasan el acceso a la justicia para niñas y niños.
Además, señaló que no se trata de un hecho aislado, ya que han identificado otros expedientes en los que presuntos responsables han evitado comparecer o asumir compromisos, lo que, a su juicio, refleja vacíos en la aplicación de la ley.
Como antecedente, recordaron que el edil había rechazado previamente la paternidad y promovido distintos recursos legales desde 2024 para evitar someterse a la prueba, misma que finalmente se llevó a cabo tras un proceso prolongado.
