Un grupo de 38 organizaciones civiles ambientales señaló que el derrame de hidrocarburos que ha afectado costas de Tabasco y Veracruz se originó desde inicios de febrero de 2026, presuntamente a partir de una embarcación cercana al complejo Abkatún, en la Sonda de Campeche, de acuerdo con un análisis sustentado en imágenes satelitales.
El estudio indica que la fuga habría comenzado el 6 de febrero en una zona próxima a la plataforma, donde inicialmente se detectaron vertidos en pequeñas cantidades. Sin embargo, a partir del 11 de febrero, la descarga se intensificó, generando una mancha de hidrocarburos que alcanzó más de 50 kilómetros cuadrados entre el 11 y el 17 del mismo mes.
Las organizaciones señalaron que para el 13 de febrero ya eran visibles los efectos del derrame, mientras al menos cinco embarcaciones realizaban labores de contención. No obstante, estas acciones resultaron insuficientes ante la magnitud del incidente, lo que permitió la expansión del crudo en el mar.
De acuerdo con el comunicado, factores como las corrientes marinas y las condiciones meteorológicas favorecieron el desplazamiento del hidrocarburo hacia las costas del Golfo de México, impactando de forma progresiva a comunidades pesqueras y zonas turísticas en Tabasco y Veracruz durante las semanas posteriores.
Las ONG también denunciaron que, pese a que el incidente era conocido desde los primeros días, no hubo información pública oportuna por parte del Gobierno Federal ni de Pemex sobre la magnitud del derrame, sus riesgos ni las acciones implementadas para su control.
Asimismo, advirtieron que la atención del siniestro no se habría apegado a los lineamientos del Plan Nacional de Contingencia para Derrames de Hidrocarburos, vigente desde 2023, el cual establece la notificación inmediata, la transparencia informativa y la coordinación interinstitucional para mitigar daños ambientales.
Finalmente, las organizaciones consideraron que, a más de un mes de los hechos, no se ha identificado públicamente a la empresa responsable ni se han dado a conocer mecanismos de reparación o compensación por los daños ocasionados, lo que podría derivar en responsabilidades administrativas, civiles y penales conforme a la legislación vigente.
