La gobernadora de Campeche, Layda Sansores, forma parte del Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género del Instituto Nacional Electoral (INE), un padrón que actualmente incluye a 435 personas, de las cuales 78 son mujeres.
De acuerdo con los datos del organismo electoral, las mujeres representan 18 por ciento del total de personas inscritas en este registro, lo que equivale a que, por cada cinco hombres sancionados por este tipo de violencia, existe una mujer que ha cometido la misma infracción.
Entre las sancionadas predominan autoridades municipales, lo que refleja que la mayor parte de los conflictos vinculados con violencia política de género ocurre en el ámbito local, donde las disputas por el poder y la administración de recursos públicos suelen ser más directas.
Del total de 78 mujeres inscritas en el registro, 33 ocupaban un cargo público cuando se les impuso la sanción. En ese grupo se encuentran 12 presidentas municipales —tres de ellas reincidentes—, 21 regidoras o síndicas, además de seis periodistas y 21 ciudadanas sin militancia partidista ni cargo público.
En el caso de Sansores, el INE determinó que incurrió en violencia política en razón de género por expresiones emitidas en su programa “El Martes del Jaguar”, donde, según la resolución electoral, realizó comentarios considerados denigrantes hacia las víctimas y con connotaciones sexuales, además de afirmar que existía subordinación hacia un hombre para acceder a cargos públicos.
Respecto a la militancia partidista de las funcionarias sancionadas, el registro indica que 12 están afiliadas a Morena, tres al PRD, dos al PAN, dos a Movimiento Ciudadano y dos al PT. Otras militan en el Partido Verde, PRI, PES y el partido local Chiapas Unido, mientras que cinco no cuentan con afiliación debido a que pertenecen a municipios regidos por sistemas normativos internos.
La legislación electoral establece que las personas inscritas en este padrón no pueden aspirar a cargos de elección popular mientras dure la sanción. Según el acuerdo INE/CG269/2020, las faltas leves implican una permanencia de tres años en el registro, las ordinarias cuatro años, las especiales cinco años y los casos reincidentes hasta seis años o más, dependiendo de la gravedad.
El caso con la sanción más prolongada corresponde a Maricela Morales Gutiérrez, expresidenta municipal de Ciénega de Zimatlán, Oaxaca, quien fue señalada por incurrir en violencia verbal, psicológica, simbólica y física contra integrantes del cabildo. Tras diversas denuncias presentadas entre 2022 y 2024, el registro del INE establece que permanecerá inscrita hasta abril de 2039, lo que le impide competir por cargos públicos durante ese periodo.
Las estadísticas del padrón también indican que Oaxaca concentra el mayor número de mujeres sancionadas por violencia política de género, con 29 casos, seguido de Chiapas con 10 y Guanajuato con siete. Además, el registro documenta al menos 13 casos de reincidencia entre mujeres que acumulan dos o más resoluciones por este tipo de agresiones.
El INE advierte que esta violencia busca limitar o anular la participación política de las mujeres, especialmente en contextos donde la paridad avanza en la ley, pero persisten prácticas de exclusión en la vida pública. Según la Estrategia para la Prevención y Atención de la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género 2026-2031, estas agresiones suelen intensificarse cuando las mujeres acceden a espacios de decisión o impulsan agendas de igualdad y derechos.
