La disputa legal emprendida por comunidades mayas de Hopelchén contra los efectos de la agroindustria escaló hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde se analiza un amparo que reclama la protección del derecho al agua y a un medio ambiente sano ante la presunta contaminación de acuíferos en la región.
Habitantes agrupados en el Colectivo Maya de los Chenes sostienen que el crecimiento de cultivos a gran escala y la deforestación han provocado deterioro ambiental durante más de 20 años, con consecuencias en la salud y en las actividades tradicionales. Señalan que la expansión agrícola se ha intensificado con la llegada de empresas y colonias menonitas dedicadas a monocultivos.
De acuerdo con los denunciantes, el uso de agroquímicos en plantaciones de maíz, soya y otros productos ha contaminado pozos y afectado a los polinizadores, lo que repercute directamente en la apicultura, una de las principales fuentes de sustento de las comunidades mayas de la zona.
Los pobladores solicitaron a la ministra encargada del caso una audiencia presencial para explicar la dimensión del problema, al considerar que la contaminación del acuífero peninsular podría impactar también a Yucatán y Quintana Roo. Argumentaron que las limitaciones de conectividad en las localidades rurales dificultan participar en reuniones virtuales.
Además del impacto ambiental, advierten que la transformación del territorio ha propiciado desplazamientos y migración, especialmente entre jóvenes que buscan alternativas económicas fuera de sus comunidades ante la pérdida de condiciones para la milpa tradicional y la producción de semillas nativas.
Un diagnóstico de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales dado a conocer en 2024 documentó contaminación del agua por encima de los parámetros permitidos y detectó plaguicidas peligrosos para las abejas en varios puntos cercanos a apiarios, lo que coincide con los señalamientos sobre la disminución de polinizadores en la región.
