Ante el primer atentado registrado en Campeche en 2026, ocurrido apenas en el segundo día del año, organizaciones de la sociedad civil alertaron sobre un agravamiento de la violencia en la entidad, luego del ataque armado contra Sara Ferrer Villanueva, quien permanece en estado grave tras haber denunciado semanas antes un intento de privación ilegal de la libertad.
El hecho fue considerado por representantes ciudadanos como una señal de alerta sobre la falta de prevención y seguimiento a denuncias previas, al tratarse de un caso en el que no se implementaron mecanismos de protección pese a los antecedentes reportados por la víctima.
Desde Contraloría Ciudadana A.C., su presidente Javier del Carmen Bello Ávila señaló que la narrativa oficial que mantiene al estado como una de las entidades más seguras del país no corresponde con la situación que se vive en municipios como Ciudad del Carmen, donde los hechos violentos se han vuelto recurrentes.
El dirigente sostuvo que la comparación con estados históricamente más violentos ha servido para minimizar el crecimiento de ataques armados y homicidios, lo que ha retrasado la adopción de decisiones de fondo para enfrentar a la delincuencia.
En ese contexto, apuntó a la Secretaría de Seguridad Pública estatal y a la Fiscalía General del Estado como instancias responsables de no contener el avance del crimen, al tiempo que advirtió que la falta de autocrítica institucional ha limitado la coordinación con instancias federales.
Bello Ávila afirmó que la ausencia de una estrategia efectiva ha permitido que Ciudad del Carmen se mantenga como el principal foco de violencia, aunque subrayó que otros municipios también comienzan a resentir el impacto de la inseguridad. Recordó que durante la actual administración se han registrado atentados y hechos de alto impacto incluso después de visitas oficiales, lo que, dijo, refleja una pérdida de control por parte de las autoridades.
Finalmente, advirtió que el incremento de la violencia ha transformado la dinámica social en distintas comunidades, donde la población ha optado por modificar rutinas y restringir actividades ante el temor a nuevos hechos delictivos. Señaló que la falta de resultados concretos en materia de seguridad ha profundizado la desconfianza ciudadana y ha colocado en el centro del debate la responsabilidad del gobierno estatal para garantizar condiciones básicas de protección.
