El estado de Campeche avanza en la construcción de una nueva Ley de Cambio Climático, con el objetivo de actualizar sus instrumentos legales ante los efectos ambientales que ya impactan al territorio, como la intensificación de huracanes, las olas de calor y la presión creciente sobre la biodiversidad y los recursos naturales.
La propuesta de actualización fue entregada recientemente a la Secretaría de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambio Climático y Energía (SEMABICCE) y será analizada por las autoridades competentes para su eventual discusión y aprobación. El planteamiento incluye tanto la reforma de la ley vigente como la elaboración de un nuevo reglamento que permita su aplicación operativa.
El proyecto se desarrolla a partir de un acuerdo de colaboración firmado en mayo de 2025 entre el gobierno estatal y la organización Política y Legislación Ambiental (POLEA), con el propósito de fortalecer las políticas públicas climáticas y alinearlas a los retos actuales que enfrenta Campeche en materia ambiental y de desarrollo.
Este proceso cuenta con financiamiento de la Alianza para Transiciones Climáticas del Reino Unido (UK PACT), un programa internacional que respalda iniciativas orientadas a la mitigación de emisiones, la adaptación al cambio climático y el fortalecimiento institucional a nivel local.
De acuerdo con la información disponible, la nueva legislación busca sentar bases más claras para acciones de adaptación, mitigación, restauración ecológica y conservación de ecosistemas, en un contexto marcado por cambios en los patrones de producción, consumo y uso del territorio.
La iniciativa fue presentada de manera formal por Andrés Ávila, director de POLEA, a la titular de SEMABICCE, Jocelyn Durán Murrieta, como parte de una fase técnica previa al proceso legislativo, en la que se revisará la viabilidad jurídica y el alcance de los nuevos instrumentos normativos.
Especialistas consideran que la actualización de la Ley de Cambio Climático podría convertirse en una herramienta clave para enfrentar los desafíos ambientales, sociales y económicos del estado, al establecer un marco más robusto para la planeación pública y la atención de los riesgos asociados al cambio climático en Campeche.
