Productores rurales, especialistas y representantes de distintos sectores sociales advirtieron en Campeche que la propuesta de una nueva Ley General de Aguas podría modificar de manera sustancial el manejo del recurso hídrico en el país, especialmente en regiones agrícolas y ganaderas donde la disponibilidad y administración del agua ya enfrentan presiones crecientes.
Durante un foro ciudadano realizado en la entidad, académicos y expertos expusieron que la iniciativa plantea cambios que afectarían directamente a quienes dependen del acceso al agua para mantener sus cultivos y actividades productivas. Entre las preocupaciones destacaron la reducción de las concesiones, nuevos requisitos administrativos y una mayor centralización en las decisiones de la autoridad federal.
Las observaciones técnicas estuvieron a cargo de especialistas como José Reyes Sánchez, quien subrayó que el manejo del agua no puede definirse sin considerar la realidad de las comunidades rurales, donde persisten problemas de infraestructura, escasez y deterioro de las fuentes. Señaló que una ciudadanía informada es clave para vigilar el proceso legislativo y evitar decisiones que comprometan la seguridad hídrica de las regiones productivas.
En el encuentro también participó Fernando Enrique Arrocha Morales, quien advirtió que la coexistencia de dos leyes que regulan la misma materia —la Ley de Aguas Nacionales y la Ley General de Aguas— genera incertidumbre jurídica para municipios, usuarios y productores. Explicó que, mientras una norma considera al agua como bien nacional, la otra lo reconoce como derecho humano, lo que complica su aplicación en campo y podría afectar tanto a los gobiernos locales como al sector productivo.
Los representantes del sector agrícola también alertaron que la iniciativa contempla restricciones como concesiones más cortas, obligación de permisos adicionales para modificar cultivos y mayores exigencias fiscales para mantener los títulos de agua. Productores y ganaderos señalaron que estas disposiciones podrían dejar al campo en desventaja y limitar su capacidad de sostener la producción de alimentos.
Legisladores federales del PRI, encabezados por Emilio Lara Calderón, Rubén Moreira Valdez y Christian Castro Bello, reiteraron que defenderán las inquietudes planteadas por los asistentes. Argumentaron que las decisiones tomadas desde el centro del país desconocen las dinámicas del campo campechano y advirtieron que los cambios propuestos podrían impactar el patrimonio de familias dedicadas a la agricultura y la ganadería.
