Cuatro obras y proyectos fueron clausurados en distintos puntos de Campeche tras detectarse que operaban sin los permisos ambientales exigidos por la ley. Las intervenciones, realizadas por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), evidencian la expansión de construcciones dentro de zonas naturales protegidas, especialmente en la Laguna de Términos.
En una inspección efectuada a un costado de la carretera federal 261, tramo Campeche–Chencollí, se constató la remoción de vegetación en más de cien hectáreas de selva baja, afectando un ecosistema clave para la recarga de agua y la conservación de fauna local. Las actividades fueron suspendidas de inmediato por no contar con autorización de cambio de uso de suelo.
En el municipio de Carmen, otro operativo reveló la alteración de un terreno rústico conocido como Huarixe. En el lugar se habían rellenado miles de metros cuadrados con cascajo y piedra, además del derribo de mangle, una especie protegida por su función como barrera natural ante huracanes y erosión.
Dos clausuras adicionales se llevaron a cabo también en Carmen. Una en un predio cercano a la carretera Puerto Real, donde se iniciaba una construcción sin permisos, y otra en el malecón Nelson Barrera, donde se levantaba una plataforma de madera sobre terrenos ganados al mar. Ambas obras quedaron suspendidas para evitar daños irreversibles.
Las zonas donde se realizaron los sellos de clausura forman parte de ecosistemas bajo presión por la expansión urbana y turística. Ambientalistas locales han advertido que la falta de control en proyectos costeros está deteriorando hábitats esenciales y afectando la calidad del agua en la Laguna de Términos.
Mientras se determinan las sanciones, las autoridades ambientales mantienen vigilancia en la región. Los casos recientes reabren el debate sobre el impacto del desarrollo inmobiliario y la necesidad de reforzar la supervisión en áreas naturales estratégicas de Campeche.
