La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió una acción de inconstitucionalidad contra la nueva Ley de Expropiación del Estado de Campeche, luego de que legisladores de oposición y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) cuestionaran su legalidad. El caso fue turnado a la ministra María Estela Ríos González, quien deberá determinar si la norma vulnera derechos constitucionales y si procede su invalidez.
La legislación, impulsada por el gobierno estatal, ha generado controversia por otorgar al Ejecutivo amplias facultades para declarar la “utilidad pública” y disponer de bienes particulares. De acuerdo con los promoventes, estas medidas dejan en situación de vulnerabilidad a los propietarios y reducen las garantías de protección a la propiedad privada.
La CNDH argumentó que la ley afecta los derechos de audiencia, el debido proceso y la indemnización justa, además de contradecir el principio pro persona previsto en la Constitución. Según el organismo, la redacción de varios artículos podría facilitar procedimientos arbitrarios de expropiación.
A su vez, diputados de los partidos Movimiento Ciudadano, PRI y PAN señalaron que la norma carece de mecanismos claros para que los ciudadanos defiendan su patrimonio, y que los criterios para determinar qué bienes pueden ser expropiados resultan ambiguos. Por ello, solicitaron al máximo tribunal del país revisar su constitucionalidad.
Ambas impugnaciones quedaron registradas bajo los expedientes 115/2025 y 117/2025, los cuales serán analizados de manera conjunta. Si la Corte declara inconstitucionales los artículos señalados, la resolución podría extenderse a toda la ley, dejando sin efecto la reforma aprobada por el Congreso local.
