Más de 3 millones de pesos habrían sido destinados por el Congreso del Estado de Campeche al pago de asesorías, consultorías y auditorías externas entre 2024 y 2025, según información filtrada tras un presunto hackeo a su base administrativa. Los registros revelan contratos con personas y empresas que recibieron recursos públicos sin que se precise la justificación técnica, los entregables o los resultados de los servicios contratados.
Entre las empresas que aparecen en los documentos destaca GP Profesionales en Servicios de Análisis y Consultoría, con sede en Oaxaca, la cual habría recibido 1 millón 618 mil 200 pesos por revisar los ejercicios fiscales 2021, 2022 y 2023.
La contratación ha generado dudas, pues dichas funciones corresponden a la Auditoría Superior del Estado y a las comisiones de fiscalización del propio Congreso. A esa lista se suman Conca Soluciones y Exalux, que habrían recibido pagos por conceptos similares sin que se detallen los criterios de contratación ni los informes finales de su trabajo.
El caso de Exalux ha llamado la atención, ya que la empresa facturó 266 mil 800 pesos en abril de 2025 por brindar asistencia técnica a la Secretaría General del Congreso en temas de comisiones legislativas. No obstante, en los registros públicos no hay constancia de los productos entregados ni de los resultados derivados de esos servicios.
También figuran personas físicas entre los beneficiarios. Eunice Maribel Burgos firmó en marzo de 2024 dos convenios distintos: uno por 477 mil pesos anuales para brindar consultoría a la Secretaría General y otro con pagos mensuales de 74 mil 200 pesos como asesora de la Junta de Gobierno. Los documentos no especifican los entregables, lo que ha incrementado las sospechas sobre duplicidad de funciones.
En tanto, el ex priista Jesús Quiñones Loeza habría recibido un contrato por 222 mil 800 pesos para proporcionar asesoría jurídica a la presidencia de la Junta de Gobierno, sin que se detallen las metas o los resultados del acuerdo.
Los reportes señalan que la mayoría de los pagos fueron autorizados durante la gestión de Antonio Jiménez, actual presidente de la Junta de Gobierno. Ante la controversia, el coordinador parlamentario de Movimiento Ciudadano, Pedro Armentía López, pidió una revisión exhaustiva de los contratos y la publicación de toda la información en el portal de transparencia. Subrayó que la rendición de cuentas debe ser una prioridad y que los recursos públicos no deben destinarse a servicios que carezcan de sustento o beneficios comprobables.
