Los amparos no valdrán: Layda Sansores
El combate a la corrupción y la intención de dar un uso social a los terrenos expropiados en el Fraccionamiento Miramar, en San Francisco de Campeche, fueron los elementos destacados por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para justificar la intervención. Los predios, de más de ocho hectáreas, se destinarán a la construcción de una sede de la Universidad Rosario Castellanos, declarados de “utilidad pública” según el Periódico Oficial del Estado.
La gobernadora Layda Sansores, por su parte, advirtió durante su programa oficial del Martes del Jaguar que “los amparos no valdrán”, lo que generó alertas entre legisladores de oposición sobre la independencia del Poder Judicial y los límites legales del proceso.
Los diputados Pedro Armentía López, de Movimiento Ciudadano, y Jorge Salim Abraham Quijano, del PRI, cuestionaron la transparencia del decreto y pidieron que se explique con claridad cómo se determinará la compensación, considerando la alta plusvalía de la zona debido a la presencia de escuelas, hospitales y otros servicios.
Ambos legisladores también señalaron que algunos de los terrenos están vinculados a personas cercanas a la política local, como Yolanda Mercedes Cárdenas Montero, madre del exgobernador Alejandro Moreno Cárdenas, Juan José Salazar, ligado al PRI, y los hermanos Rafael y Gabriela Castilla Azar, lo que aumentó los cuestionamientos sobre la legitimidad del proceso.
Durante la Mañanera del Pueblo, Sheinbaum Pardo explicó que la expropiación se realiza conforme a la reforma vigente de la Ley de Expropiación y que algunas propiedades podrían estar vinculadas a delitos de corrupción o lavado de dinero, justificando la intervención estatal y resaltando que el objetivo es garantizar un uso público y educativo.
La presidenta federal agregó que se trabaja en la Ley de Extinción de Dominio para agilizar la recuperación de bienes relacionados con delitos graves, aunque reconoció que los procedimientos son complejos y prolongados. Subrayó que estas medidas buscan reforzar la transparencia, garantizar un uso social de los inmuebles y recuperar recursos que beneficien directamente a la ciudadanía.
