El macizo forestal de Campeche enfrenta un deterioro creciente por la expansión de asentamientos y la tala ilegal en Hopelchén. Organizaciones sociales advierten que las clausuras recientes realizadas por la Profepa son solo una mínima parte de la problemática.
El Grupo Resurgimiento, encabezado por Adán Castillo Dzib, urgió a que el Ejército retome labores de vigilancia en la selva, con el fin de impedir nuevos desmontes y proteger la biodiversidad de la península.
A la par, el secretario de Comunicación del PAN, José Inurreta Borges, denunció que los permisos forestales se han entregado bajo criterios de compadrazgo, lo que ha abierto paso a prácticas de corrupción y a la operación de talamontes y agroindustriales.
Ambos coincidieron en que la supervisión actual es insuficiente y que la corrupción en los permisos es uno de los factores que mantienen la deforestación activa en la región.
Especialistas advierten que, de no reforzarse la vigilancia y los procesos de sanción, el ritmo de pérdida forestal en Campeche podría intensificarse en los próximos años, con efectos directos en el equilibrio ambiental de toda la península.
La exigencia central es que las autoridades federales y estatales coordinen una estrategia integral que combine protección militar, inspecciones ambientales y combate a la corrupción en los permisos, antes de que el daño a la selva sea irreversible.
