La Ley de Expropiación en Campeche puede afectar la llegada de nuevas inversiones y generar incertidumbre entre los capitales ya instalados en la entidad. La preocupación surge porque las disposiciones aprobadas se alejan de los parámetros establecidos en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
Con la reforma, el gobierno estatal podría tomar posesión de bienes privados sin necesidad de contar con una resolución judicial firme, lo que ha despertado inquietud entre empresarios por la posibilidad de expropiaciones inmediatas.
Otro elemento que genera controversia es que las indemnizaciones pueden pagarse en plazos prolongados, en parcialidades con intereses de mercado, lo que reduce la seguridad jurídica y afecta la confianza de los inversionistas en la entidad.
Los criterios para determinar la utilidad pública incluyen conceptos amplios como la redistribución de la riqueza acaparada, redacción que expertos consideran ambigua y susceptible de interpretaciones arbitrarias.
Además, los afectados solo disponen de cinco días hábiles para responder tras la declaratoria de interés público y únicamente pueden recurrir al juicio de amparo, limitando sus opciones de defensa frente a la medida administrativa.
Especialistas en comercio internacional señalan que, de acuerdo con el T-MEC, cualquier expropiación debe perseguir un fin legítimo, garantizar trato equitativo y ofrecer indemnización inmediata al valor de mercado. Bajo esta perspectiva, la ley campechana podría generar conflictos legales y económicos que afecten la confianza de los inversionistas y la estabilidad de la región.
