Cielo, una joven de 22 años, denunció haber sido víctima de una violación tumultuaria la madrugada del 30 de marzo en San Francisco, Campeche. Tras salir de un antro con tres conocidos, estos la habrían agredido sexualmente en su propio departamento, según consta en la denuncia interpuesta horas después ante la Fiscalía General del Estado.
Pese a que las autoridades determinaron que se trató de una violación equiparada en grupo, sólo uno de los presuntos responsables fue detenido más de tres meses después. La madre de la joven, quien dejó su hogar en Quintana Roo para apoyarla, ha encabezado movilizaciones, gestionado audiencias y solicitado respaldo sin recibir una respuesta institucional clara.
El proceso ha estado marcado por irregularidades y señalamientos de encubrimiento. La familia sostiene que los acusados tienen vínculos con figuras políticas de Campeche y que esto ha entorpecido la búsqueda de justicia. Incluso se señala que uno de ellos ya había sido mencionado en denuncias públicas previas por acoso.
A partir de que se hizo pública la denuncia, otras mujeres han relatado experiencias similares con los mismos agresores. Aunque muchas no formalizaron sus casos por miedo o vergüenza, los testimonios apuntan a un patrón de violencia sexual en contextos de fiestas privadas o “after”.
Cielo y su madre han recurrido al Congreso local y a la presidencia de la República, convencidas de que el caso no debe quedar impune. “No vamos a callarnos”, expresó su madre, quien ha denunciado la revictimización institucional y la falta de respuesta por parte del gobierno estatal.
El caso de Cielo no sólo refleja la lentitud en el acceso a la justicia para las víctimas de violencia sexual, sino también cómo las redes de poder pueden proteger a agresores. En Campeche, la impunidad en delitos sexuales sigue siendo una herida abierta para decenas de mujeres que aún no se atreven a denunciar.
