El periodista Jorge Luis González Valdez y el periódico Tribuna no podrán publicar contenido relacionado con la gobernadora Layda Sansores sin antes someterlo a la aprobación de interventores judiciales, por orden de la jueza Ana Maribel de Atocha Huitz May, quien argumentó que debe evitarse “lastimar la dignidad de la víctima”.
Como parte de las nuevas medidas cautelares dictadas esta semana, toda imagen, declaración, texto o comentario público que aluda a la mandataria deberá pasar por la supervisión de personal designado por el Tribunal Superior de Justicia del Estado. Además, el periodista tendrá que abstenerse de hacer cualquier pronunciamiento sobre Sansores en medios, conferencias o redes sociales, a menos que cuente con autorización previa.
Aunque anteriormente se suspendieron restricciones que le impedían ejercer el periodismo y ordenaban el retiro de publicaciones digitales, la jueza impuso nuevas condiciones que implican, en la práctica, una censura previa. Según especialistas, esto representa un caso inusual en el país y podría sentar un precedente preocupante.
La resolución judicial fue justificada como una medida para “proteger los derechos de la víctima”, sin embargo, plantea serias implicaciones sobre el ejercicio del periodismo y la libertad de expresión en Campeche. Voces del gremio consideran que limitar preventivamente el trabajo informativo va más allá de una medida legal ordinaria.
González Valdez, de 71 años, dirigió por más de cuatro décadas el medio impreso y ha sido una figura central del periodismo en el estado. Las nuevas disposiciones no solo afectan su labor individual, sino también al medio completo, que deberá operar bajo revisión oficial cuando se trate de temas relacionados con la titular del Ejecutivo estatal.
El caso se desarrolla en un contexto donde las tensiones entre medios de comunicación y autoridades han aumentado, y pone en el centro del debate el equilibrio entre el respeto a la dignidad personal y el derecho a informar.
