Más allá de un problema de seguridad, los recientes linchamientos en Campeche evidencian una creciente ruptura entre ciudadanos y autoridades, marcada por la desconfianza institucional y el abandono del tejido comunitario, afirmó Nelly Márquez, presidenta estatal del Partido Acción Nacional (PAN).
La violencia ejercida por vecinos contra presuntos delincuentes no solo refleja el miedo al crimen, sino también una profunda sensación de orfandad frente a un Estado que no responde ni protege, señaló Márquez durante recientes declaraciones públicas.
Expertos coinciden en que estas acciones no deben verse únicamente como reacciones al delito, sino como síntomas de una crisis social donde la justicia se percibe inaccesible y la ley, lejana o inútil.
Mientras las autoridades enfocan sus respuestas en más vigilancia o presencia policial, poco se habla de reconstruir la confianza, generar cohesión vecinal y atender las causas estructurales de la violencia cotidiana.
El problema no es solo la inseguridad, sino la normalización del castigo colectivo como única forma de justicia, un fenómeno que erosiona el marco legal y profundiza la fragmentación social.
Restaurar el vínculo entre ciudadanos e instituciones no será posible solo con patrullas: se requiere voluntad política, diálogo comunitario y acciones que devuelvan legitimidad a quienes hoy son vistos con escepticismo.
