El Senado de la República aprobó reformas que permitirán a trabajadores de Petróleos Mexicanos (Pemex) portar armas de fuego para proteger instalaciones estratégicas, como plataformas petroleras, ante los constantes ataques del crimen organizado, particularmente en zonas como la Sonda de Campeche.
Esto, para frenar los asaltos en altamar, donde el personal técnico ha sido víctima de bandas armadas sin contar con mecanismos de defensa.
Hasta ahora, los empleados de Pemex en plataformas marinas operaban desarmados, expuestos a incursiones de “piratas modernos” que han puesto en riesgo vidas humanas y afectado seriamente la producción. Con esta reforma a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, podrán solicitar licencias de portación, siempre bajo los requisitos establecidos por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
La nueva legislación también aplica para trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y otras empresas del Estado que operen en zonas consideradas de alta vulnerabilidad. Funcionarios de Pemex celebraron la aprobación, señalando que la violencia en altamar ha superado la capacidad de respuesta de las autoridades y que los trabajadores no pueden seguir desprotegidos.
Impulsada originalmente por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, la iniciativa contempla además penas más severas para el tráfico ilegal de armas y explosivos. Quienes fabriquen o usen artefactos como drones explosivos o bombas caseras podrían enfrentar hasta 50 años de prisión.
Expertos en seguridad han advertido que, si bien se trata de una respuesta necesaria, será indispensable establecer protocolos rigurosos para el uso de armas, con el fin de evitar abusos y asegurar que su utilización se limite a la legítima defensa. La reforma, que ahora deberá ser promulgada por la presidenta Claudia Sheinbaum, marca un parteaguas en la protección de trabajadores del sector energético frente al avance del crimen organizado en regiones donde el Estado ha tenido presencia limitada.
