Un total de 20 personas —11 mujeres y 9 hombres— competirán el próximo 1 de junio por nueve cargos en el Poder Judicial Federal correspondientes al Circuito Judicial 31, con sede en Campeche. La elección forma parte del proceso de renovación judicial establecido por la reciente reforma constitucional, que permite a la ciudadanía elegir directamente a jueces y magistrados federales.
De estos nueve cargos, cuatro corresponden a magistraturas y cinco a juzgados de distrito en distintas materias: laboral, penal y mixta. El Instituto Nacional Electoral (INE), a través del Vocal de Organización Electoral en la entidad, Edgar Enrique Santiago Martínez, confirmó que las candidaturas registradas atienden al principio de paridad de género que rige la integración de los órganos jurisdiccionales.
Para las magistraturas, hay nueve aspirantes en total. Se trata de seis mujeres y tres hombres que buscan ocupar los cuatro puestos disponibles. En el caso de los juzgados laborales, se disputan tres cargos entre seis aspirantes; mientras que para los juzgados en materia penal y mixta, se elegirá un cargo en cada uno, ambos con tres contendientes.
Santiago Martínez explicó que en los tribunales mixtos de circuito, la normativa exige designar dos mujeres y dos hombres, lo que asegura la representación equitativa en estos órganos colegiados. En los juzgados de distrito, donde también se mantiene el principio de paridad, participan cinco mujeres y seis hombres.
Este proceso electoral también contempla la elección nacional de cargos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal de Disciplina Judicial y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, incluyendo sus salas Superior y Regionales.
En el caso de Campeche, aunque esta elección solo contempla cargos federales, se prevé que en 2027 se realice la renovación del Poder Judicial del Estado, una vez que entre en vigor la homologación legislativa local con la reforma constitucional federal. Así lo establece la legislación estatal reformada por el Congreso local.
La elección judicial del 1 de junio representa un cambio sin precedentes en el sistema de justicia del país, al colocar directamente en manos de los votantes la responsabilidad de decidir quiénes impartirán justicia a nivel federal.
