Tras exigir investigar a fondo las concesiones de transporte entregadas irregularmente en administraciones pasadas, el diputado Paul Arce Ontiveros, presidente de la Comisión de Fortalecimiento Municipal del Congreso del Estado, urgió al Gobierno del Estado a no debe usar el poder para revocar concesiones como una represalia política.
La solicitud del legislador subrayó que se necesita transparencia para garantizar que no haya represalias ni favoritismos, esto luego de que la secretaria general de Gobierno, Elisa Hernández Romero, advirtió que serán cancelados los permisos otorgados ilícitamente a exfuncionarios, exdiputados y autoridades municipales en pasadas administraciones.
Arce Ontiveros enfatizó la necesidad de identificar cuántas concesiones fueron otorgadas de manera indebida y quiénes fueron los beneficiarios. Señaló que es preocupante que aún hoy las concesiones puedan responder a favores políticos.
“El tema del transporte es delicado y no puede tratarse como moneda de cambio”, afirmó el diputado. Agregó que las obras y concesiones deben responder al interés público, no a compromisos personales o partidistas.
Advirtió que cualquier acción contra transportistas debe ser fundamentada y justificada por la Agencia Reguladora de Transporte del Estado de Campeche (ARTEC). De esta manera, los afectados sabrán a quién dirigirse legalmente.
El legislador también alertó sobre el posible uso del retiro de concesiones como castigo político para quienes no comparten la línea del partido en el poder. Dijo que eso atentaría contra la legalidad y equidad del proceso.
Consideró preocupante la falta de parámetros claros para definir si una concesión fue entregada ilícitamente. Señaló que sin criterios transparentes, será difícil evitar nuevas prácticas de favoritismo.
Advirtió que podrían beneficiarse personas cercanas a funcionarios actuales o afines a Morena. Por ello, dijo, será necesario vigilar cómo se distribuyen nuevamente estos permisos en adelante.
En este contexto, la agrupación “Arroyo de los Franceses” expresó su rechazo a las acciones de Jorge Garcés y Quirio Misrrain Verdugo. Esta postura refleja la tensión creciente en el sector del transporte.
Paul Arce concluyó señalando que la entrega y cancelación de concesiones debe realizarse de forma legal y justa.
