El ex director del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche (SMAPAC) de Campeche, Juan Carlos “N”, ha violado en varias ocasiones las medidas cautelares que le prohíben acercarse a los trabajadores municipales. A pesar de las restricciones, esta vez fue captado en la Dirección de Obras Públicas de la alcaldía, lo que constituye una clara infracción a las disposiciones del juez que lo vinculo a proceso.
Las medidas cautelares fueron impuestas para evitar que el imputado por el delito de peculado, influya en la investigación o ejerza presión sobre los empleados municipales. Sin embargo, la presencia recurrente de Juan Carlos “N” en lugares vinculados al gobierno municipal pone en duda la efectividad del control de estas restricciones.
Este comportamiento no es aislado, ya que se han reportado múltiples ocasiones en que el ex funcionario fue visto en compañía de trabajadores del municipio, incluidos ex colaboradores del SMAPAC. Esto ha generado preocupaciones sobre la posible interferencia en el curso de las investigaciones.
Francisco Portela Chaparro, presidente del Colegio de Abogados de Campeche, ha señalado que las violaciones reiteradas de las medidas cautelares indican una falta de control sobre el proceso judicial.
Las deficiencias en la supervisión de las medidas cautelares, reguladas por el Código Nacional de Procedimientos Penales, son evidentes. La SPSC, encargada de vigilar el cumplimiento de estas medidas, podría haber fallado en su tarea de monitorear al imputado, permitiendo que se repitan las infracciones sin consecuencias.
Portela también destacó que las medidas cautelares han sido modificadas en cada audiencia, lo que considera un agravio a los derechos humanos del imputado. La variabilidad de estas disposiciones añade confusión al caso y plantea dudas sobre la consistencia del proceso.
La reiterada transgresión de las medidas cautelares por parte de Juan Carlos “N” no solo pone en riesgo la integridad del proceso judicial, sino que también plantea dudas sobre la capacidad de las autoridades para velar por el cumplimiento de las disposiciones legales.
