La gobernadora de Campeche, Layda Sansores, aparece entre los funcionarios mexicanos que presuntamente son objeto de una revisión financiera por parte de autoridades de Estados Unidos. Hasta ahora, ninguna instancia oficial de ese país ha confirmado la existencia de una investigación formal.
El reporte señala que instituciones financieras estadounidenses habrían solicitado información relacionada con cuentas personales y movimientos bancarios vinculados a la mandataria campechana y a integrantes de su entorno familiar. La medida formaría parte de un esquema de vigilancia financiera impulsado en el contexto de las acciones contra redes asociadas al crimen organizado.
De acuerdo con información difundida por el medio Código Magenta, Sansores no sería la única funcionaria bajo escrutinio. En total, siete gobernadores y gobernadoras mexicanos estarían incluidos en las solicitudes de información realizadas a bancos con presencia internacional y operaciones en México.
Además de la mandataria de Campeche, la lista menciona a Rocío Nahle, de Veracruz; Esteban Villegas, de Durango; Margarita González, de Morelos; Manolo Jiménez, de Coahuila; Salomón Jara, de Oaxaca; y Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México. Según el trabajo periodístico, las consultas financieras habrían sido realizadas a través de instituciones bancarias con capital extranjero.
El reportaje ubica estas acciones en el marco de la política impulsada por el gobierno estadounidense para fortalecer el combate a las estructuras financieras vinculadas al narcotráfico. Entre los antecedentes citados se encuentra la designación de varios cárteles mexicanos como organizaciones terroristas por parte de la administración de Donald Trump en 2025, medida que amplió las facultades de investigación de agencias financieras y de seguridad.
Pese a la difusión de estos señalamientos, no se han presentado documentos públicos que acrediten la apertura de procedimientos judiciales o administrativos contra los gobernadores mencionados. La presidenta Claudia Sheinbaum ha reiterado que cualquier información proveniente de autoridades extranjeras deberá ser analizada por las instituciones competentes en México antes de determinar posibles responsabilidades.
