La reactivación del fuero constitucional para diputados locales detonó una disputa política en el Congreso de Campeche, luego de que la medida fuera aprobada en una sesión realizada sin acceso al público y en medio de tensiones entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo estatal.
La decisión fue impulsada por la mayoría legislativa de Morena y presentada por el presidente del Congreso, Antonio Jiménez. Hasta ahora, ninguna fracción parlamentaria ha explicado de manera pública los alcances ni los motivos de la restitución de una figura que había sido eliminada como parte de un proceso para reducir privilegios políticos.
El acuerdo legislativo se dio tras la presencia de agentes ministeriales en las inmediaciones del Palacio Legislativo, episodio que diputados interpretaron como una señal de presión política. Aunque la Fiscalía estatal negó la existencia de una diligencia judicial, el despliegue incrementó la confrontación entre poderes y marcó el desarrollo de la sesión.
A este escenario se sumaron señalamientos de legisladores de Movimiento Ciudadano, quienes han denunciado hostigamiento institucional mediante investigaciones y acusaciones penales. Estas denuncias reforzaron la lectura de que el uso de mecanismos judiciales se ha convertido en un factor central de la disputa política dentro del Congreso.
El fuero constitucional había sido eliminado en Campeche como parte de una reforma orientada a limitar privilegios de los servidores públicos. Su restitución, acordada bajo un esquema de reserva, reabrió el debate sobre el equilibrio de poderes y la autonomía del Legislativo frente al gobierno estatal.
Tras la sesión, mensajes e imágenes difundidas por diputados reflejaron un ambiente de cerrazón al interior del recinto legislativo. Más allá del aspecto jurídico, el episodio evidenció que la reactivación del fuero funcionó como un movimiento político en una confrontación que continúa abierta en Campeche.






