La difusión de presuntas facturas millonarias de la Universidad Autónoma de Campeche colocó nuevamente bajo escrutinio la administración universitaria, luego de que se confirmara la vinculación a proceso de su exrector, José A. Abud Flores. Los documentos comenzaron a circular pocas horas después de la audiencia judicial.
Entre los archivos que se replicaron en redes sociales sobresale un contrato por trabajos de mantenimiento e impermeabilización del edificio de Rectoría, con un costo superior a los tres millones de pesos. La carátula del convenio no identifica a la empresa beneficiada y únicamente refiere la figura de “Contratista”.
El contrato establece un monto de más de 3.17 millones de pesos y contempla un anticipo cercano al millón. Sin embargo, no se encontró rastro de un procedimiento de licitación pública ni de los criterios técnicos que justificaran la adjudicación directa de la obra.
Si bien la universidad goza de autonomía administrativa, sus reglamentos internos y la legislación estatal fijan límites claros para asignar contratos sin concurso. En este caso, los montos exhibidos habrían superado esos topes, lo que abrió cuestionamientos sobre el cumplimiento de la normatividad vigente.
Diversos señalamientos mediáticos han planteado que las obras pudieron beneficiar a personas cercanas al exfuncionario. Frente a ello, la gobernadora Layda Sansores ha sostenido en espacios públicos que las acusaciones responden a disputas políticas vinculadas con antiguos grupos de poder en el estado.
Tras la resolución judicial, Abud Flores evitó pronunciarse sobre los contratos y delegó cualquier aclaración a su defensa. A las afueras del recinto judicial, su abogado, Edwin Trejo, afirmó que la circulación de las facturas forma parte de una ofensiva mediática contra su cliente.
El defensor también cuestionó la actuación de la jueza Guadalupe Taboada, al señalar que no se atendieron solicitudes de pruebas clave durante el proceso. Añadió que, una vez agotada la etapa judicial, se analizará la presentación de acciones legales por presuntas irregularidades y daños a la imagen del exrector.
