La intervención de autoridades ambientales en Campeche ha permitido dimensionar la presión que enfrentan los ecosistemas del estado, luego de que se documentaran afectaciones en cerca de mil hectáreas de superficie forestal a lo largo del año, derivadas de actividades sin autorización o fuera de la norma.
El impacto no se concentra en un solo punto del territorio. Municipios como Hopelchén, Escárcega, Champotón, Tenabo y Campeche figuran entre las zonas donde se han detectado daños por quema, tala, cambio de uso de suelo y aprovechamiento ilegal de recursos forestales, de acuerdo con reportes oficiales.
Las cifras más recientes indican que al menos 21 predios forestales fueron clausurados tras detectarse afectaciones que, en conjunto, alcanzan un promedio de 994 hectáreas. A ello se suman cierres de proyectos productivos, entre ellos iniciativas mineras, carboneras y aserraderos que operaban sin cumplir con la legislación ambiental.
Uno de los casos de mayor relevancia ocurrió dentro de la Reserva de la Biosfera de Calakmul, donde fue suspendido un proyecto minero por ocupar de manera irregular una superficie dentro del área natural protegida. En otras regiones del estado, las clausuras se han aplicado por impactos sobre decenas de hectáreas de selva baja y mediana.
Las acciones de vigilancia también han derivado en decomisos significativos. En un operativo reciente, autoridades federales aseguraron más de 50 toneladas de carbón vegetal y varios vehículos de carga, además de madera cuya procedencia legal no pudo ser acreditada, lo que refuerza la presencia de cadenas de extracción irregulares.
Este escenario cobra mayor dimensión si se considera que Campeche cuenta con más de 4.3 millones de hectáreas de superficie forestal, en su mayoría conformada por selvas y manglares, de acuerdo con datos estatales. La extensión del territorio forestal convierte a la entidad en una de las más relevantes del país en términos ambientales.
El balance de clausuras y aseguramientos evidencia que, pese a los operativos, persisten prácticas que continúan degradando la selva campechana. La recurrencia de estas intervenciones sugiere una presión constante sobre los ecosistemas y la necesidad de fortalecer las medidas de prevención y control ambiental en el estado.
