La Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que señalar de manera documentada a personas que no cumplen con la manutención de sus hijas e hijos es una forma válida de exigir responsabilidades. El criterio reconoce que esta práctica —frecuentemente materializada en los llamados “tendederos”— no puede considerarse una infracción cuando la información difundida es verificable.
El enfoque del Tribunal parte de una premisa central: el derecho de niñas, niños y adolescentes a recibir apoyo económico y cuidados debe colocarse por encima de cualquier preocupación sobre la imagen pública del adulto obligado a proporcionar esa manutención. Bajo este principio, la difusión de estos incumplimientos se entiende como una herramienta de protección.
La resolución también toma en cuenta que los procedimientos familiares suelen extenderse por largos periodos y no siempre ofrecen soluciones inmediatas. En ese contexto, la posibilidad de visibilizar a quienes no cumplen sus obligaciones se vuelve un mecanismo complementario para presionar el cumplimiento de la ley.
Colectivas y organizaciones señalaron que la decisión es relevante porque refuerza la necesidad de garantizar derechos básicos de la infancia, desde alimentación y salud hasta vivienda y espacios de desarrollo. El colectivo insistió en que centrar la discusión en las necesidades de niñas y niños ayuda a acelerar la exigencia de justicia.
Las estadísticas respaldan esta preocupación. Datos del INEGI muestran que la mayoría de los menores con padres separados —tres de cada cuatro— no recibe manutención de uno de ellos. Esta situación motivó la creación del Registro Nacional de Deudores Alimentarios, una herramienta que impone restricciones administrativas a quienes adeudan.
Entre esas limitaciones se encuentran la negativa para obtener documentos oficiales, trámites de identidad, licencias o acceso a determinados cargos públicos. De acuerdo con colectivos y especialistas, el objetivo es simple: asegurar que la niñez reciba sin demora aquello que las leyes ya reconocen como un derecho.
