La planeación para construir la Universidad Rosario Castellanos en la ciudad de Campeche quedó atrás. El gobierno estatal confirmó que el plantel se instalará ahora en Seybaplaya, tras una decisión judicial que impidió ocupar dos terrenos previstos para la obra. El anuncio llegó sin referencias explícitas al fallo que modificó el rumbo del proyecto.
La administración estatal ya oficializó que el campus será edificado en Seybaplaya, decisión anunciada en Viernes de Acciones. Autoridades destacaron que el municipio dispone de grandes extensiones de tierra y proyección de crecimiento económico, además de estar incorporado en el esquema de Polos de Bienestar desde julio pasado. La sede original en la capital quedó descartada.
Posteriormente se dio a conocer que la reubicación responde a un amparo favorable a Alejandro Moreno Cárdenas. El ex gobernador y actual senador logró conservar dos predios en el fraccionamiento Miramar, inscritos a nombre de personas cercanas a él. Esos terrenos eran los que el Ejecutivo estatal buscaba utilizar para el proyecto universitario.
Moreno había advertido con anticipación que defendería la propiedad y que, pese a su desconfianza en la rotación de jueces recientes, llegaría a tribunales federales si era necesario. El fallo confirmó su postura y dejó sin utilidad los espacios que el gobierno pretendía destinar a infraestructura educativa. De esta forma, la disputa legal tuvo efectos inmediatos en la planeación académica.
Durante la presentación del nuevo plan no se mencionó el revés judicial. El titular de la Seduc, Víctor Sarmiento Maldonado, señaló que la institución se enfocará en especialidades humanitarias, distintas a las orientadas al área de salud que se contemplaban en Campeche capital. La comunicación oficial se centró en resaltar ventajas, no en explicar el giro que causó el amparo.
En la misma conferencia, Sarmiento respondió a cuestionamientos sobre protestas y bloqueos de unidades del Transporte del Jaguar en comunidades del estado. Desestimó las inconformidades y aseguró que se tratan de “politiquerías”, argumentando que la prioridad debería ser facilitar el traslado estudiantil. Las declaraciones generaron reacciones por su tono frente a padres inconformes.
Con el cambio de gobierno, el sistema de transporte se mantuvo operando, aunque con menos unidades y recortes presupuestales. Estas modificaciones, sumadas al debate por la universidad, mantienen el clima de tensión entre autoridades y familias. Mientras tanto, Seybaplaya avanza como nueva sede del proyecto, y en la capital persiste la incógnita sobre el destino final de los predios que dieron origen al conflicto.
