La demanda de una indemnización de 70 millones de pesos por el uso de tierras ejidales en Pomuch, Hecelchakán, abrió un conflicto legal entre alrededor de 350 ejidatarios y su comisario, Pedro Yam Poot. Los inconformes aseguran que la negociación con la empresa Mayakaan, filial de Engie México, se realizó con un acuerdo de 34 millones de pesos sin consenso comunitario y con una valuación inferior a la previamente discutida.
De acuerdo con el Comité de Vigilancia del ejido, encabezado por Juan Francisco Hernández Chi, el pago autorizado apenas corresponde a la mitad de lo que consideran justo para la ampliación del gasoducto. Señalan que la dispersión del recurso ya comenzó pese a que no hubo claridad sobre el contrato, que permitiría la ocupación del territorio durante los próximos 30 años.
Los representantes opositores sostienen que la asamblea que avaló el acuerdo es irregular y que no refleja los intereses colectivos. Advierten que el monto de 34 millones no coincide con las estimaciones iniciales ni con experiencias en otros ejidos, donde se han rechazado pagos similares calculados en aproximadamente 40 pesos por metro cuadrado.
Tras una reunión sin acuerdos en la Procuraduría Agraria, los ejidatarios formalizarán el procedimiento legal para intentar revertir el convenio. Reconocen que la ausencia del Tribunal Unitario Agrario podría dificultar el proceso, aunque aseguran que continuarán hasta obtener una resolución favorable que permita replantear la negociación.
El conflicto derivó en una división interna: por un lado, el comisario defiende la legalidad del trato con la empresa; por el otro, la mayoría de los comuneros considera que el acuerdo beneficia a la compañía y vulnera los derechos sobre su patrimonio. Temen que aceptar el monto pactado siente un precedente desfavorable para otros ejidos del Camino Real y de Yucatán.
Aunque la comunidad reconoce la relevancia energética del proyecto, insiste en que requiere garantías claras de pago y transparencia en cada etapa. Afirman que no pretenden bloquear la obra, sino equilibrar la compensación económica con el valor real de la tierra y los impactos que enfrentarán a largo plazo.
