En Campeche se han registrado nueve feminicidios durante el presente año, señalados por organizaciones feministas como una muestra del deterioro en las condiciones de seguridad para las mujeres en la entidad. Activistas advirtieron que la violencia avanza en un contexto donde persisten fallas institucionales para prevenirla y documentarla, así como una evidente omisión en el reconocimiento de las afectaciones para niñas, adolescentes y mujeres.
Integrantes de la Red de Mujeres y Hombres con Perspectiva de Género señalaron que uno de los mayores obstáculos para atender la problemática es la ausencia de datos completos y con enfoque diferencial. Alertaron que los sistemas oficiales de recopilación de información no incorporan variables necesarias para dimensionar la violencia en poblaciones indígenas, en mujeres migrantes o en sectores vulnerables, lo que provoca que los casos permanezcan invisibilizados.
Fue hasta la publicación del Informe de Violencia contra las Mujeres (enero-septiembre 2025) cuando se reveló el comparativo regional en la Península de Yucatán. Campeche suma 9 feminicidios, Yucatán 6 y Quintana Roo 14. En homicidios dolosos, el registro indica una víctima en Campeche, tres en Yucatán y quince en Quintana Roo. En materia de homicidios culposos, se reportan 9 casos en Campeche, 10 en Yucatán y 115 en Quintana Roo.
Las organizaciones advirtieron que la falta de desagregación por sexo en el rubro de violencia familiar limita la comprensión del impacto real sobre las mujeres. Los registros oficiales señalan 420 incidentes en Campeche, 228 en Yucatán y 5 mil 653 en Quintana Roo. Para las activistas, esta laguna en la información reproduce un patrón de responsabilidad incumplida por parte del Estado mexicano.
De acuerdo con la Redmyh, estas deficiencias estadísticas impiden diseñar políticas públicas con perspectiva de género, y representan un obstáculo para actuar ante los casos de violencia más extrema. Señalaron que los datos gubernamentales tampoco contemplan variables como origen étnico, nivel socioeconómico o situación migratoria, lo que mantiene fuera de la agenda el impacto diferenciado en comunidades y poblaciones específicas.
Las agrupaciones recordaron que el Estado mexicano está obligado a cumplir con acuerdos internacionales y nacionales en materia de prevención y atención de la violencia hacia mujeres y niñas. Entre ellos, destacaron el Compromiso de Tlatelolco, que exige garantizar condiciones para la autonomía femenina, la inversión en servicios de protección, infraestructura y mecanismos integrales de apoyo.
Finalmente, la Redmyh sostuvo que mantendrá el seguimiento a las acciones gubernamentales y demandará transparencia en la implementación de estrategias que frenen la violencia en la región. Aseguraron que el avance en este tema no puede estar sujeto a respuestas parciales, pues en la Península todavía persisten riesgos y vacíos que continúan colocando a mujeres y niñas en situación de vulnerabilidad.
