El gobierno del Estado de Campeche busca contratar un crédito por mil millones de pesos que endeudaría a la entidad durante dos décadas, una propuesta incluida en el Paquete Económico 2026 que provocó reacciones inmediatas de legisladores de oposición. Advirtieron que un endeudamiento de tal magnitud comprometería las finanzas públicas más allá de la actual administración.
La iniciativa, enviada al Congreso local con menos de 24 horas para su revisión, fue considerada una falta de respeto por los diputados Jhosué Rodríguez Golib, del PAN, y Pedro Armentía López, de Movimiento Ciudadano. Ambos señalaron que el gobierno estatal pretende justificar el crédito bajo un programa de acciones carreteras cuyo destino, dijeron, no está suficientemente definido.
Ante la polémica inicial, la Junta de Gobierno del Congreso determinó que será indispensable abrir un espacio de diálogo con las dependencias involucradas. Por ello, se convocará a los titulares de Finanzas y Desarrollo Económico para que expliquen los alcances del endeudamiento y aclaren por qué se propone financiar infraestructura sin detallar los proyectos específicos.
El debate también se concentró en el equilibrio financiero del paquete fiscal, pues se anticipa que el gasto podría superar la capacidad recaudatoria del estado. Legisladores advirtieron que, si Campeche experimenta nuevamente recortes federales, el margen para cubrir obligaciones y al mismo tiempo sostener un crédito a largo plazo sería mucho más reducido.
Otro elemento que generó preocupación fue la reorganización propuesta dentro del propio gobierno estatal. El documento plantea fusionar o redistribuir funciones entre secretarías, lo que implicaría cambios operativos en áreas clave. Entre los ajustes previstos figura la incorporación de la Secretaría de Planeación a la estructura de Administración y Finanzas.
La entrega tardía del proyecto también provocó tensiones entre algunas bancadas. Legisladores del Partido del Trabajo reprocharon no haber recibido información previa ni sobre el contenido del paquete ni sobre la postura que se plantearía en el pleno. Señalaron que la falta de comunicación interna afecta la discusión y deja fuera a quienes deben participar en la toma de decisiones.
