Un litigio sobre 1,500 hectáreas de tierras comunales ha encendido la tensión en el ejido Tercera Ampliación Forestal, en el municipio de Candelaria, donde los ejidatarios acusan al abogado Anicasio G. de promover acciones legales sin su consentimiento. La disputa se centra en la representación del ejido y en la presunta defensa de intereses ajenos a la comunidad.
De acuerdo con el comisario ejidal Pedro Yam Poot, el abogado continúa actuando como apoderado legal pese a que su vínculo con el ejido concluyó al término de la administración pasada. Sin autorización vigente, Anicasio G. habría iniciado gestiones a favor de un particular identificado como Uriel Cárdenas, quien asegura haber adquirido terrenos en la zona de San Antonio, aunque las autoridades agrarias no han podido localizar el polígono que respalde esa propiedad.
Durante una asamblea, los comuneros manifestaron su inconformidad ante la falta de claridad sobre las acciones emprendidas por el abogado y aprobaron solicitar su baja formal ante la notaría pública donde fue registrado. Según los integrantes del ejido, la actuación unilateral del litigante vulnera el derecho de la asamblea como máxima autoridad dentro del régimen agrario.
La preocupación creció luego de que, en una reunión con representantes de la Procuraduría Agraria, el Registro Agrario Nacional y la SEDAR, se confirmó que el abogado mantiene procedimientos activos sin notificación ni autorización del actual comisariado. Para los ejidatarios, esta situación representa una posible usurpación de funciones y un intento de intervenir en los bienes comunales.
El conflicto también ha evidenciado la falta de supervisión de las instancias agrarias en la región, donde, según los comuneros, casos similares se repiten por la debilidad en los mecanismos de control y la lentitud de las autoridades en validar las representaciones legales.
Mientras esperan una respuesta oficial, los integrantes del ejido Tercera Ampliación Forestal acordaron emprender acciones legales para impedir que terceros tomen decisiones sobre su patrimonio. Aseguran que la prioridad es proteger la integridad de las 1,500 hectáreas en disputa, las cuales, afirman, pertenecen colectivamente a la comunidad.
