Ante los cinco amparos y dos acciones de inconstitucionalidad promovidos contra la nueva Ley de Expropiación, el gobierno de Campeche sostiene que las reformas aprobadas por el Congreso local se ajustan a la Constitución y fortalecen los derechos de los ciudadanos. Los recursos fueron presentados por legisladores del PRI, PAN, Movimiento Ciudadano y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
El consejero jurídico, Adrián Serrano Barrientos, informó que la administración estatal se encuentra en el proceso de elaboración de los informes justificados y argumentos legales que serán entregados al Juzgado de Distrito y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Subrayó que las modificaciones buscan modernizar el marco legal y garantizar el derecho de audiencia previo a cualquier decreto expropiatorio.
Uno de los principales señalamientos de los promoventes se refiere al plazo de cinco días establecido para que los afectados presenten sus manifestaciones. Serrano Barrientos explicó que, aunque el periodo es corto, representa un avance respecto de la legislación anterior, que no contemplaba la posibilidad de que los particulares ofrecieran pruebas ni formularan alegatos antes del procedimiento.
La Consejería Jurídica argumenta que la reforma incorpora como requisito la declaratoria de utilidad pública, lo que asegura que toda expropiación esté sustentada en un beneficio colectivo y no en decisiones discrecionales.
El funcionario señaló que con estas disposiciones se busca dar mayor transparencia y equilibrio entre el interés público y los derechos de los propietarios, quienes ahora cuentan con un espacio formal para ser escuchados antes de que se emita un decreto.
Serrano Barrientos añadió que el Estado se mantiene dentro de los plazos legales para responder a las impugnaciones y reiteró que la ley será defendida en su totalidad por considerarse una norma constitucional que promueve procedimientos más justos y abiertos.
