Serán 950 pesos por tonelada de maíz cosechada el apoyo que los productores de Campeche lograron asegurar tras varias jornadas de negociación con el Gobierno estatal. En caso de que no se cumpla lo pactado, los productores podrían recurrir al bloqueo de la carretera Campeche-Mérida, en el tramo del Periférico Pablo García y Montilla, frente a la estación del Tren Maya en San Francisco Campeche.
Guillermo Hernández Cruz, líder de los maiceros y representante de agricultores de distintos municipios, indicó que el acuerdo se formalizará este viernes. Señaló que contar con un documento oficial les brinda cierta certeza frente a la incertidumbre generada por las políticas federales.
El respaldo económico permitirá que el precio del maíz en Campeche alcance los 7 mil pesos por tonelada, aunque los productores buscan incrementarlo hasta 7 mil 200 pesos. Hernández Cruz comparó la medida con otros estados de la región, como Chiapas, Tabasco y Yucatán, donde los apoyos ya se han publicado con montos variables.
Durante las reuniones con la administración estatal, que incluyeron un encuentro con Rafael Castilla Azar, jefe de la Oficina de la Gobernadora, los productores destacaron la voluntad del Gobierno local de atender sus demandas, aunque señalaron que aún persisten dudas sobre la implementación del acuerdo.
Los agricultores también señalaron que deben competir con el maíz transgénico importado desde Estados Unidos. A pesar de que Campeche tiene capacidad para abastecer tanto al autoconsumo de la península de Yucatán como a otros mercados, las políticas federales privilegian la importación, dejando a los productores locales con un mercado limitado.
El descontento de los maiceros se centra en que, aunque pueden cubrir la demanda nacional, reciben menores beneficios económicos que los productores extranjeros, lo que impacta directamente en la rentabilidad del cultivo en la entidad.
Hernández Cruz advirtió que, si el acuerdo no se publica tal como se pactó, los productores no descartarán acciones contundentes, incluyendo bloqueos de carreteras y plantones frente a oficinas estatales, para asegurar el cumplimiento del compromiso.
