Estudiantes de secundaria, bachillerato y educación superior reportaron acoso y hostigamiento sexual tanto por parte de docentes como de compañeros durante las asambleas “Todas las Voces” organizadas por la Secretaría de la Mujer, informó Vania Kelleher Hernández, directora del Instituto de la Mujer.
Los casos se concentran sobre todo en tercero de secundaria y bachillerato, aunque también se registraron denuncias en universidades y tecnológicos. Algunos incidentes involucran a menores de edad, lo que ha llevado a considerar la intervención del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).
Kelleher indicó que, aunque no hay denuncias formales ante el Instituto, los testimonios recogidos en 13 municipios evidencian la persistencia de estas conductas y la necesidad de actuar de manera coordinada. Por ello, se plantea la conformación de un grupo de trabajo con las Secretarías de Educación, Bienestar y Gobierno, así como con la Comisión de Derechos Humanos, para revisar la aplicación de los protocolos y garantizar seguimiento a cada caso.
La funcionaria criticó la falta de sensibilidad de algunos docentes y directivos. Señaló que la indiferencia frente al acoso es un obstáculo para construir una educación justa e igualitaria, y destacó la importancia de contar con maestras y maestros comprometidos con el bienestar de sus estudiantes.
Kelleher subrayó que existen mecanismos para sancionar a los agresores y exhortó a las jóvenes a no callar. “Denunciar es seguro y efectivo. Habrá acompañamiento y se tomarán acciones contra quienes cometan hostigamiento o acoso”, aseguró.
Las denuncias presentadas reflejan un patrón preocupante de vulnerabilidad de las estudiantes en distintos niveles educativos. La atención inmediata y la coordinación entre dependencias se consideran fundamentales para reducir la incidencia de estos casos y garantizar que las víctimas reciban apoyo efectivo.
Finalmente, se destacó que la estrategia a seguir incluirá seguimiento a los testimonios y fortalecimiento de los protocolos institucionales, con el objetivo de proteger a las estudiantes y sancionar a los responsables sin que queden impunes.
