La Fiscalía General del Estado de Campeche (FGECAM) solicitó a la empresa Producciones Telemar, S.A. de C.V. información detallada sobre el personal responsable de sus publicaciones digitales, bajo advertencia de sanciones económicas y procesos legales si no cumple con el requerimiento.
El oficio, identificado con el número 040/2025, fue emitido por la dependencia encabezada por Jakson Villacís Rosado, y cita diversas disposiciones legales que facultan al Ministerio Público a solicitar datos durante investigaciones oficiales. Sin embargo, el uso de esas normas contra un medio de comunicación despertó críticas por considerarse un acto de intimidación y un exceso de autoridad.
De acuerdo con Telemar, la notificación representa una nueva forma de presión gubernamental hacia la prensa local. La empresa señaló que la medida busca desalentar la cobertura crítica sobre la administración estatal y promover la autocensura en los medios que mantienen líneas editoriales independientes.
Organizaciones y comunicadores en Campeche advirtieron que la acción de la Fiscalía se suma a otros episodios de confrontación entre el gobierno estatal y medios que han publicado reportajes sobre presuntos abusos de poder y enriquecimiento irregular de funcionarios y allegados a la actual administración.
El activista y periodista Enrique Arellano afirmó que la solicitud de información a Telemar confirma una política sistemática de censura. Recordó que situaciones similares ocurrieron con el diario Tribuna y el comunicador Jorge González Valdez, a quienes se les impusieron restricciones judiciales para mencionar a la gobernadora Layda Sansores en sus notas.
“Cuando un gobierno exige conocer quién escribe cada texto crítico, lo que busca no es transparencia, sino control del discurso público”, expresó Arellano. Según él, la persecución a medios locales pretende frenar las investigaciones periodísticas sobre temas de corrupción y limitar el debate público en la entidad.
El caso ha generado preocupación entre periodistas y organizaciones defensoras de la libertad de expresión, que consideran que el uso de mecanismos legales con fines punitivos contra comunicadores constituye un precedente peligroso para el ejercicio del periodismo en Campeche.
