La colectiva Ley Sabina Campeche acusó al Gobierno del Estado de buscar criminalizar la protesta social, tras las advertencias oficiales de imponer sanciones y cárcel a quienes realicen pintas en monumentos durante movilizaciones. Para el grupo feminista, la medida representa una forma de censura y una traición a los principios de lucha que en el pasado defendieron quienes hoy ocupan el poder.
Aremi Gazca, representante de la colectiva, expresó que el gobierno pretende castigar expresiones que surgen del hartazgo y de la falta de respuesta ante la violencia de género. “Las paredes se limpian, pero el silencio institucional no. Las pintas son la voz de quienes no han sido escuchadas”, declaró.
Recordó que la mandataria estatal y varios miembros de su gabinete participaron años atrás en protestas, plantones y actos de desobediencia civil, por lo que consideró incongruente que ahora, desde el poder, se busque sancionar las mismas formas de resistencia que antes legitimaron.
La activista también rechazó que el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) sea utilizado para justificar castigos a manifestantes, cuando existen omisiones en la protección real del patrimonio. “Hay abusos que destruyen espacios históricos, pero esos no se sancionan; se castiga solo a las mujeres que exigen justicia”, reprochó.
Gazca subrayó que el patrimonio cultural no puede ser pretexto para reprimir el derecho a la manifestación. Enfatizó que el Centro Histórico de Campeche, reconocido por su valor histórico, también es escenario de desigualdad y abandono institucional hacia las mujeres.
“La protesta no es un delito. Cada pinta es una herida abierta que busca justicia, y borrar esos mensajes no elimina las causas que los provocan”, afirmó la representante de Ley Sabina, quien reiteró que la lucha feminista continuará en las calles mientras persista la impunidad.
