La Suprema Corte ya tiene en su escritorio la impugnación contra la reforma que autoriza expropiaciones en Campeche; el expediente 115/2025 fue turnado a la ministra María Estela Ríos González para que tramite y, si procede, elabore el proyecto de resolución sobre la constitucionalidad de la llamada Ley Alito.
La acción de inconstitucionalidad fue presentada el 2 de octubre por las bancadas del PRI, PAN y Movimiento Ciudadano, que acusan a la mayoría de Morena en el Congreso estatal de haber aprobado cambios legislativos que violan garantías de propiedad.
La modificación a la Ley de Expropiación se votó el 5 de septiembre en el Legislativo local, con 18 votos a favor y 13 en contra. Entre sus puntos clave figura un plazo de apenas cinco días hábiles para que los propietarios presenten alegatos tras la notificación o la segunda publicación oficial.
Con esa normativa como base, la gobernadora Layda Sansores anunció la expropiación de cuatro predios —que suman ocho hectáreas— propiedad del dirigente priista Alejandro Moreno y de su familia, y dijo que los terrenos serán destinados a la construcción de una universidad.
Las declaraciones de la mandataria sobre los predios reavivaron una controversia previa: en 2022 Sansores difundió audios que atribuye a Moreno, en los que, dijo, se describen maniobras para ocultar bienes y eludir la declaración patrimonial mediante comodatos y avalúos inflados.
Desde el entorno de Moreno han presentado recursos para exigir la remoción de esos archivos sonoros, argumentando que fueron obtenidos ilegalmente y editados; la gobernadora, en cambio, los ha calificado como evidencia de posibles conductas ilícitas, entre ellas lavado de dinero y evasión fiscal.
El caso combina argumentos de carácter constitucional (la legalidad de la Ley Alito) con señalamientos de índole penal y administrativa sobre la titularidad y el origen de ciertos bienes. Ahora la Corte deberá determinar si la reforma se ajusta a la Carta Magna y a las garantías de debido proceso.
Mientras tanto, el conflicto mantiene en tensión las relaciones entre el Ejecutivo estatal, la oposición y la esfera judicial; la decisión de la ministra Ríos González marcará el rumbo legal de una disputa que amalgama expropiaciones, patrimonio público y denuncias de irregularidades.
