Integrantes del ejido de Tepakán, en Yucatán, iniciarán un proceso legal para recuperar las tierras que, aseguran, les fueron arrebatadas por la antigua Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) para el paso del tren de carga. Los campesinos denuncian que el gobierno federal nunca cumplió con el pago de indemnización y que, tras años de abandono, los terrenos ahora están siendo objeto de intentos de apropiación por parte del Ayuntamiento.
El conflicto se centra en una extensión de más de 12 mil hectáreas que fueron declaradas de utilidad pública, pero que desde hace tiempo no tienen uso ferroviario. De acuerdo con la ley agraria, los predios deben ser restituidos al ejido cuando dejan de cumplir ese fin, por lo que los comuneros buscan iniciar formalmente el proceso de recuperación.
Según el comisario ejidal José Guadalupe Huchín Uc, en la administración municipal pasada se aprobó un acta de cabildo mediante la cual se pretendía que el Ayuntamiento asumiera la propiedad de los terrenos, acción que calificó de ilegal. Explicó que ese documento carece de validez y que ninguna dependencia federal reconoce su legitimidad.
Los campesinos aseguran que personal del Ayuntamiento ha ingresado a limpiar y cercar algunas áreas, lo que consideran una invasión a la propiedad ejidal. Afirmaron que no existe autorización ni convenio alguno que respalde estas acciones y que los predios deben permanecer bajo resguardo de los ejidatarios hasta que se resuelva la restitución.
El nuevo comisariado ejidal de Tepakán, encabezado por Misael Cob Chi, y el Consejo de Vigilancia, representado por Asunción Chi Canché, señalaron que han detectado intentos de venta irregular de porciones del terreno. Informaron que dichos casos están siendo documentados y que se presentarán las denuncias correspondientes ante las autoridades agrarias.
Los ejidatarios coincidieron en que su objetivo es recuperar completamente las tierras y frenar cualquier intento de despojo, ya sea por parte del gobierno local o de particulares, para garantizar que el territorio continúe siendo propiedad colectiva del ejido.
