Una manifestación pacífica realizada frente al Congreso de Campeche terminó en un operativo policiaco con detenciones y denuncias de represión. Colectivas feministas acusaron que la fuerza pública fue utilizada para desalojar a mujeres que exigían detener la designación de Juan Pedro Alcudia Vásquez como magistrado del Tribunal Superior de Justicia, pese a que cuenta con sanciones por violencia de género.
Las organizaciones involucradas —entre ellas Ley Sabina Campeche, Frente Nacional por las 40 Horas y Campeche por Palestina— habían colocado carteles y consignas en la explanada legislativa la noche del domingo, sin bloquear accesos ni incurrir en actos violentos. Su principal reclamo fue que ningún funcionario señalado como misógino ocupe un cargo en el Poder Judicial.
De acuerdo con los testimonios, más de treinta agentes estatales, incluidos elementos mujeres, intervinieron para retirar a las manifestantes. Tres de ellas resultaron lesionadas y fueron trasladadas a hospitales para recibir atención médica, mientras que otras permanecieron varias horas bajo custodia en instalaciones de la Policía Estatal.
La Colectiva Lesbianas Necias y la Red de Colectivas Feministas del Estado de Campeche condenaron lo ocurrido, al considerar que se trató de detenciones arbitrarias y un intento de criminalizar la protesta social. Señalaron que el Estado actuó con exceso de fuerza frente a un grupo que ejercía un derecho reconocido por la Constitución y por tratados internacionales en materia de derechos humanos.
Las agrupaciones insistieron en que la protesta no constituye un delito, sino una herramienta legítima para visibilizar injusticias y exigir cambios estructurales. Afirmaron que la represión busca sembrar miedo y desalentar la organización de mujeres en defensa de sus derechos. También demandaron que se repare el daño a las afectadas y que se emitan recomendaciones por el uso desmedido de la fuerza pública.
Aunque las detenidas fueron liberadas horas después, las colectivas advirtieron que el operativo dejó una señal preocupante sobre la falta de garantías para la libertad de expresión en Campeche. Una de las manifestantes permanece hospitalizada, lo que refuerza las denuncias de violencia institucional contra quienes cuestionan decisiones del poder político y judicial en el estado.
