La designación de Guadalupe Pacheco como presidenta provisional del Tribunal Superior de Justicia de Campeche busca contener la incertidumbre generada por la ausencia de Manuel Enrique Minet Marrero, hospitalizado en estado crítico. Sin embargo, el relevo temporal no elimina las tensiones que atraviesa la institución.
El magistrado sufrió un infarto al miocardio que lo mantiene en coma inducido, y su situación de salud coincide con el punto más álgido de cuestionamientos hacia el Poder Judicial. Los reclamos sociales por la falta de imparcialidad y por presuntos actos de protección a deudores alimentarios se intensificaron justo en la semana previa a su hospitalización.
Uno de los episodios más polémicos fue la orden de retirar un tendedero de denuncias contra deudores, entre los que figuraban funcionarios municipales y exservidores estatales. La decisión provocó el rechazo de colectivos de mujeres, quienes denunciaron que la justicia campechana prioriza la protección de agresores antes que los derechos de las familias.
La imagen de Minet Marrero saludando con cercanía a uno de los exhibidos, señalado además por delitos graves, alimentó la narrativa de un Poder Judicial debilitado y alejado de la ciudadanía.
La emergencia médica del magistrado no hizo sino agudizar la percepción de un sistema que enfrenta simultáneamente crisis de legitimidad y de conducción. Para las organizaciones civiles, la sustitución del presidente no resuelve lo que consideran un problema estructural: la impunidad y la falta de ética en la impartición de justicia.
En este escenario, el futuro del Poder Judicial de Campeche queda marcado no solo por la recuperación incierta de su presidente, sino por la urgencia de reconstruir la confianza en una institución que hoy se encuentra en su punto más frágil.
